Etiquetas

, , , ,

Publicado en Spacio Libre el 7/04/2014 y en Rebelión el 12/04/2014

Marcha mapuche

Marcha a favor del pueblo mapuche realizada el 3 de enero de 2013. / Foto: Alejandro Stuart

Cuatro año después Michelle Bachelet ha regresado a la presidencia de Chile con la promesa de realizar reformas estructurales que han generado grandes expectativas en el país. Entre las grandes cuestiones pendientes se encuentra la Ley Antiterrorista de la que amplios sectores sociales esperan su derogación. Aprobada en el año 1984 durante la dictadura, esta Ley ha sido aplicada en los últimos años fundamentalmente contra activistas mapuches que reivindican demandas históricas para su pueblo. Sobre estas cuestiones charlamos con Paulina Acevedo, Coordinadora de Comunicaciones del Observatorio Ciudadano, una organización no gumernamental de defensa, promoción y documentación de los derechos humanos que tiene como sede la ciudad chilena de Temuco.

¿Cómo se está aplicando la Ley Antiterrorista en la actualidad?

Respecto a la Ley Antiterrorista es importante señalar dos cosas: las características propiamente de la ley y su aplicación. En cuanto a lo primero, esta es una ley que ha sido objeto de varios reparos por parte de los organismos internacionales por no ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos. Si bien hay un largo debate en torno a qué es un acto de carácter terrorista, sí está claramente establecido lo que no es. Frente a esos hechos la Ley Antiterrorista chilena ha sido catalogada como una ley extremadamente amplia en sus alcances, y por lo tanto, se ha recomendado al Estado chileno su modificación en múltiples oportunidades.

Entonces estamos, por una parte, con una ley que no responde a los estándares internacionales de derechos humanos y que se está aplicando. Y por otra parte, segundo punto, existe una aplicación selectiva. La Ley Antiterrorista se ha utilizado básicamente en contra de la demanda social del pueblo mapuche. Entendemos que es una aplicación selectiva con una ley defectuosa que lo único que busca es enfrentar la movilización del pueblo mapuche con un exterminio, con una disolución de sus formas de organización en torno a estas demandas. Dicho en otras palabras, lo que está haciendo el Estado es utilizar una ley de excepción para minimizar, para disolver, para destruir, en definitiva, la demanda del pueblo mapuche.

¿Qué implicaciones tiene esta ley?

El conflicto que se deriva de la no respuesta por parte del Estado a la demanda de tierras del pueblo mapuche ha significado que esta ley se aplique con un uso político. Y esta utilización política se ha profundizado, ya que ha alcanzado incluso a menores de edad de ese pueblo. Esto llevó, tras una huelga de hambre de más de 80 días que protagonizaron presos políticos mapuches, a modificar la Ley Aniterrorista en el sentido de impedir que menores fueran encausados. Sin embargo, hasta el día de hoy y pese a esa modificación, la ley continúa siendo aplicada a menores de edad.

Cuando se hace una acusación respecto de una persona y se invoca la Ley Antiterrorista, solamente en el momento del veredicto final se establece si son o no son hechos de carácter terrorista. Prácticamente la totalidad de los casos que se han juzgado en el último tiempo han determinado que los hechos no eran de carácter terrorista. Pero las personas fueron detenidas, procesadas, e incluso se llevaron a juicio pruebas que solamente admite una ley especial. Como Observatorio Ciudadano entendemos que determinar si los hechos tienen o no un carácter terrorista debería ser definido tras la formalización de los imputados y no al final de todo el proceso judicial.

Entonces aquí también hay una importante modificación que hacer, hay que modificar la ley, hay que modificar el procedimiento, y en definitiva, hay que analizar con mayor profundidad si estamos frente a un hecho terrorista o frente a una demanda histórica no resuelta. En relación a esto último, se debe avanzar hacia el diálogo como lo ha señalado el propio relator de Naciones Unidas, Ben Emmerson, que pidió el desarrollo de un plan nacional para resolver el problema de tierras de Chile. Tras visitar la zona estableció que hoy día estamos ante una situación de conflicto que podría en cualquier minuto, de cualquier forma y de cualquier lado, hacer una irrupción de mayor escalada.

Con la llegada de Michelle Bachelet a La Moneda, ¿cree que se derogará la Ley Antiterrorista?

Marcha a favor del pueblo mapuche realizada el 3 de enero de 2013. / Foto: Alejandro Stuart

Marcha a favor del pueblo mapuche realizada el 3 de enero de 2013. / Foto: Alejandro Stuart

En el programa electoral de Michelle Bachelet esto no está establecido de forma expresa, no está señalado. El gobierno de Bachelet ha trazado tres ejes como los fundamentales de su mandato: reforma tributaria, reforma de la educación y la reforma de la Constitución. Sin embargo, ahí no vemos que esté establecido como un eje prioritario la derogación, la modificación o algún tipo de lineamiento respecto a la Ley Antiterrorista, cuando precisamente es un hecho que hoy día genera los mayores conflictos no resueltos en el interior del país.

Esto nos preocupa puesto que, cuando se imputa que algunos hechos pueden revestir carácter terrorista, estamos hablando de terrorismo en el interior de un Estado-nación. Por lo tanto, todo gobierno debería entender que resolver esta situación es una prioridad. Desde el Observatorio vemos con preocupación que no está dentro de los ejes prioritarios del gobierno de Bachelet dar solución a las demandas del pueblo mapuche y poner fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista. Yo espero que en los primeros meses de gobierno sea más clara en torno a establecer la necesidad de hacer esta modificación en el más breve plazo.

¿Se siente optimista?

Bachelet ha expresado cuando era candidata que la Ley Antiterrorista tiene defectos, pero cuando uno está en una candidatura siempre ofrece más de lo que está dispuesto a dar. Ella ha hecho un planteamiento que su programa no refleja, por lo que entendemos que no es su prioridad. Tampoco está establecido de forma concreta como parte de sus 50 compromisos para los 100 primeros días de Gobierno, donde sí hay consideraciones que tienen que ver con los pueblos indígenas. Pero la Ley Antiterrorista no está allí. Esperamos que la modificación se dé en el contexto de las recomendaciones que vengan desde el ámbito internacional, y que se vienen dando de forma clara y cada vez más enfáticamente.

¿En dónde habría que poner el acento en la situación actual del pueblo mapuche en relación a la Ley Antiterrorista?

El acento que hay que poner y sumándome a las palabras del relator Ben Emmerson, de Naciones Unidas, es que esta irrupción judicial y policial frente al pueblo mapuche ha tenido como víctima, cada vez con mayor intensidad, a menores de edad. Diez años atrás los niños y niñas mapuches eran objeto de atropellos a sus derechos humanos, de violentación en el contexto de allanamientos masivos en distintos horarios a comunidades. Ellos veían la violencia ejercida sobre sus familiares y de algún modo eran también víctimas de esa violencia. Sin embargo, la violencia ha ido aumentando con el paso de los años hasta tal punto que hoy día tenemos a niños que son detenidos, secuestrados por la policía, a niños que han sido baleados, a niños que han sido acusados por la Ley Antiterrorista. A niños que han sido sacados de sus aulas para ser interrogados sin órdenes judiciales acerca de dónde se encuentran las armas, acerca de quiénes están involucrados en las ocupaciones pacíficas de terrenos. Hoy día el Estado chileno en la búsqueda, no de una solución, sino de una represión y de un exterminio de esta movilización, está también incluyendo a los niños en esa persecución. Y esto es una situación extremadamente grave que conlleva la vulneración de la Convención sobre los Derechos del Niño, y por lo tanto de los compromisos internaciones que Chile debe respetar.

 

Anuncios